El sistema de salud colombiano, inspirado de manera deficiente en un modelo extranjero, carece de indicadores que permitan evaluar sus resultados más allá del aumento de la cobertura. La falta de supervisión eficaz y la corrupción dificultan la prestación de una atención adecuada y amenazan su sostenibilidad, pese al esfuerzo del personal sanitario.

Ante la ausencia de alternativas reales, a los afiliados les quedan la resignación y la posibilidad de presentar reclamaciones. Estas incrementan las estadísticas de la Superintendencia Nacional de Salud y los gastos jurídicos de las EPS. El caso de Humana Vivir resulta ilustrativo: Ligia Olaya explicó que la entidad había cambiado de propietarios y estaba invirtiendo en tecnología para mejorar la atención. Sin embargo, estas medidas no garantizan que desaparezcan las demoras en consultas especializadas, cirugías y entrega de medicamentos.

Las EPS deberían reconsiderar sus principios empresariales, sus políticas internas y sus relaciones con empleados, proveedores y afiliados, con el propósito de desarrollar un sistema sostenible.

Dado que esta transformación parece improbable, se propone que los profesionales de la salud, dentro del marco de la Ley 100, adopten un modelo competitivo semejante al de los especialistas que ejercen fuera del POS. De esta manera, podrían aumentar su reconocimiento entre los pacientes y ampliar su participación en la consulta privada.