En las democracias contemporáneas se ha vuelto cada vez más frecuente la llegada a los órganos de representación de figuras cuya principal fuente de legitimidad no proviene de trayectorias institucionales consolidadas, experiencia en gestión pública o formación especializada en asuntos del Estado, sino de su visibilidad mediática, su capacidad de movilización simbólica y su posicionamiento en ecosistemas digitales. En Colombia, este fenómeno adquiere especial relevancia cuando tales perfiles acceden al Congreso de la República, una institución cuyo cometido excede ampliamente la mera expresión de identidades, emociones o causas coyunturales. El problema de fondo no es que estas figuras hayan sido elegidas, pues su acceso al cargo se encuentra plenamente amparado por la legitimidad democrática del voto, sino que su elección obliga a replantear la distinción entre elegibilidad formal e idoneidad sustantiva para el ejercicio de la función legislativa.