Durante la gestión de Eduardo Montealegre como Fiscal General de la Nación, más de un observador subrayó que “lo ideal es sorprender cuando se marcha; antes, conviene actuar con plena dignidad”. El principio —válido para personas y marcas por igual— no alude a cuántos acudirán a despedir al funcionario al término de su extenso periodo (que, según sus propias palabras ante el Consejo de Estado, concluiría en marzo de 2016). Se refiere, en cambio, a forjar una reputación tan sólida que la audiencia reclame su regreso; que un producto, servicio o debate parezca incompleto en su ausencia.

Bajo ese prisma, resultó polémica la orden de medida de aseguramiento contra el exdiputado Sigifredo López por su presunta participación en el secuestro de once compañeros de la Asamblea del Valle. La acusación se basaba en testimonios luego catalogados como inconsistentes, lo que condujo a la liberación del exdiputado. Sorprendió asimismo la reacción de López: tras pasar tres meses privado de libertad, agradeció a Montealegre y lo calificó de “jurista garantista”.

El episodio plantea, en definitiva, cuánto influye una actuación coherente —o su ausencia— en la huella que un servidor público deja cuando abandona el cargo.