El segmento de los mercachifles y los avivados

Imagen: Aviso 5 de 7 vía El Tiempo, lunes 10 de febrero de 2014

“Pagan justos por pecadores” y “nadie se muere la víspera”, dicta la sabiduría convencional aunque aquellos que integran el segmento de la medicina colombiana no deberían pretender seguir negociando a costa de la ingenuidad popular.

Al doctor Sergio Rada, médico cirujano colombiano, especialista en medicina estética; fundador de Rada Aesthetic & Spa, pareciera haberle picado la “malicia hipocrática” al decidir con su producto Té chino reductor del doctor Rada, incursionar en el segmento del gurú del adelgazamiento, Jorge Hané.

Las consecuencias de la aventura comercial del médico no se hicieron esperar, el consumidor se quejó y el doctor Rada perdió un buen pedazo de su credibilidad, sugiero yo.

Y aun cuando la SIC no le cree del todo a la pérdida de peso, ahí sigue firme tal cual como si nada, Jorge Hané y su Reduce Fat Fast. Pero eso, lo del doctor Rada o lo del urólogo Michael Mauricio Cote, acusado de estafa por operar cánceres que no existían, en realidad y comparado con lo que hasta ahora acontece con el sistema de salud colombiano, es tan solo la puntica del meollo como dicen por ahí.

Ahora y por considerar el tema un asunto de interés público [y a propósito de las elecciones parlamentarias que se avecinan], comparto el concienzudo análisis de José Félix Patiño Restrepo que al al respecto, leí en UN Periódico el pasado domingo.

Un sistema de salud regresivo, inviable y que corrompe
feb. 08 de 2014
Por: José Félix Patiño Restrepo, exrector y miembro del Consejo Superior Universitario – Universidad Nacional de Colombia
En Colombia, la organización sanitaria impulsada por la filosofía política neoliberal del mercado, se traduce en la atención médica gerenciada, la cual crea barreras que impiden a la medicina la aplicación del deslumbrante avance científico al servicio de la sociedad y reduce a un segundo plano la calidad de la atención.
El 23 de diciembre de 1993 se aprobó la fatídica ley 100, de la cual fue ponente el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Con ello se privatizó la salud para crear la intermediación financiera como un negocio perverso, todo lo cual ha resultado en grandes inequidades, por cuanto quienes pueden pagar pólizas de medicina prepagada obtienen adecuada cobertura y buen acceso a los servicios de atención en salud. Pero para el resto de la población, abrumadoramente mayoritaria, especialmente la más vulnerable, la situación es desastrosa.
En la actualidad, hay una red de hospitales públicos –otrora orgullo del país– prácticamente inhabilitada por una cartera creciente, resultado del no pago por parte de las EPS. La cobertura solo significa carnetización, pero no acceso, y si se logra, no representa calidad en la atención. Probablemente no hay en el mundo otro sistema de salud más regresivo que el de Colombia, y, por ende, más corrupto y que más corrompa.
Con la implementación de la Ley 100 se instauró el managed care, modelo creado en los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon y que en ese país ha fracasado (hay cerca de 40 millones de personas no cubiertas). La reforma de la salud que ha logrado el Presidente Obama corrige algunos de los defectos de este modelo, pero se enfrenta a una feroz e incruenta oposición por el partido republicano y su facción ultraconservadora, el Tea Party.
Se trata del modelo de la atención gerenciada de la salud, el cual se apropió de toda la financiación y la provisión de los servicios, tanto públicos como privados. En el caso de Colombia, ha causado la mayor crisis sanitaria que registra la historia del país y un devastador efecto sobre el Ministerio de Salud, la red hospitalaria y, lo más grave, sobre la medicina como arte, profesión y ciencia.
En el caso de Chile, durante el Gobierno de Pinochet, también se desmontó el sistema nacional de salud para adoptar el managed care, pero en ese país tal modelo ha sido prácticamente liquidado en reconocimiento a su inequidad e ineficiencia.
En contraste, los sistemas de salud de los países europeos y de Canadá, en su totalidad de carácter público, basados en los impuestos generales y en el aseguramiento social, son los más progresivos y los que mejor cubren a los sectores más vulnerables de la población.
ARTE, CIENCIA Y PROFESIÓN
Con la introducción del negocio en la atención de la salud se ha causado un enorme daño a la medicina colombiana, la cual una vez fue considerada una de las mejores en América Latina en cuanto a calidad científica y ética. De eso hoy nos queda apenas un doloroso recuerdo.
La prestación de este servicio depende de la calidad de la medicina, que es al mismo tiempo arte, ciencia y profesión. Como arte es altruismo, humanismo y humanitarismo; como ciencia, es una actividad intelectual orientada hacia la creación, transmisión y sistematización del cambiante y creciente conocimiento biomédico; y como profesión, su compromiso primordial es servir a la sociedad mediante la aplicación eficiente de su vasto conocimiento especializado, en el marco de un propósito moral, de su imperativo ético y de una rigurosa autorregulación.
La implementación de la Ley 100 introdujo cambios profundos en el ejercicio de la medicina y creó situaciones aberrantes, tales como la ruptura de la relación médico-paciente, el surgimiento del paciente como cliente o consumidor y las complejas y muy costosas implicaciones administrativas y burocráticas de un nuevo contrato social.
De los patrones tradicionales del ejercicio médico liberal de elevada calidad, la medicina pasó a una modalidad de administración externa, una práctica de tipo corporativo donde predominan factores de carácter económico.
Las recientes “reformas” a la Ley 100, pero especialmente el actual proyecto de ley ordinaria del ministro Alejandro Gaviria y su viceministro Fernando Ruiz, han merecido el más fuerte rechazo de todo el sector de la salud, así como de entidades académicas, sociedades profesionales y asociaciones de pacientes. En efecto, este proyecto, que a la fecha fue aprobado por el Senado y ahora cursa en la Cámara, representa el salvamento y fortalecimiento de la posición dominante de las EPS (que cambian de nombre), pero curiosamente no toca la dramática crisis de los hospitales públicos.
Lo que resulta pasmoso es que defiende el aberrante negocio en la atención de la salud, explicado por el ministro Gaviria en un reciente reportaje para El Espectador: “El asunto no es que la salud no es un negocio; la pregunta es cómo hacemos compatible el negocio con el bienestar del paciente”.
La intermediación es el mal estructural de la Ley 100, pues sustituye la gobernación del sistema al pasarlo de manos del Estado a las de las corporaciones privadas, las cuales fungen como aseguradoras, pero que en realidad funcionan como intermediarias financieras que se han llevado una enorme parte de los recursos, los cuales, por su carácter parafiscal, son dineros públicos con destinación específica: la atención de la salud.
UN CONFLICTO ÉTICO Y MÁS ALLÁ
En el ejercicio de la medicina, el precepto hipocrático establece un código de ética y un marco de deberes que se traducen en hacer lo mejor por el paciente, respetando su dignidad e individualidad. En el modelo de atención gerenciada de la salud, el paciente ahora es un cliente, el cual debe ser discriminado a fin de lograr los menores costos para el intermediario financiero (las EPS), descuidando así la calidad de la atención.
Aquí, el médico hace parte de un modelo perverso dirigido y administrado por las corporaciones intermediarias. El cual se encuentra estructurado sobre patrones económicos, en los que el rendimiento se entiende en términos costo/beneficio económico y no social. Cabe preguntar si en tal escenario corporativo se puede preservar el papel del médico como defensor y representante de los intereses del paciente. La respuesta categórica es NO. Se evidencia así un gran dilema ético para el médico que ejerce en el modelo de atención gerenciada: la elección entre el imperativo hipocrático y el mandato burocrático de la intermediación financiera.
La preocupación por calidad es ajena al actual sistema de seguridad social en salud, como lo es también la formación del recurso humano o la investigación científica, concebidas como un factor de mayor costo.
El costo de la burocracia del intermediario es enorme, el cual, unido a sus utilidades, explica en gran parte a dónde han ido a parar los cuantiosos recursos que ingresan al sector de la salud como resultado de la implementación de la Ley 100 de 1993. Las utilidades de los intermediarios contrastan con la ruina de los hospitales públicos, a donde no han llegado dichos recursos. Difícil encontrar mayor perversidad.
Es impresionante observar la falta de control del Gobierno anterior sobre la implementación de la atención gerenciada de la salud, apenas comparable con la falta de control en la implementación de la Ley 30 de 1992 que reformó la educación superior. En ambos casos se permitió la conversión de servicios de carácter social, como lo son la atención de la salud y la educación superior, en industrias y oportunidades de negocio, con un innegable detrimento en la calidad del servicio.
Teóricamente, para la atención gerenciada de la salud, el concepto central es la coordinación de un cuidado integral por parte del médico de atención primaria, quien cumple la función de ordenador y árbitro sobre cuál paciente debe ser referido al especialista y en qué momento, lo que en inglés se conoce como gatekeeper. Se quiere convertir al médico de atención primaria en un instrumento al servicio de la corporación intermediaria, con la misión capital de contener los costos y dejar de representar los intereses del paciente y de la profesión.
Directamente ligado al concepto de atención gerenciada e íntimamente asociado con su práctica, aparece el creciente poder del mercado, que en el campo de la salud es un mercado imperfecto. Este tipo de atención convierte el servicio de salud en una industria, el cuidado médico en la provisión de un producto y todo el sistema en un comercio.
¿Qué hacer? En primer lugar, hay que separar y crear distancia entre el negocio de la salud y la práctica de la medicina. Ello implica una reforma estructural de la ley 100 que conduzca a la conversión de las EPS en administradoras, pero sin el manejo de los dineros de la salud y a que presten un servicio como representantes del paciente, por el cual reciban un pago fijo, sin incentivos perversos. Tal conversión debe tener como propósito crear un periodo de transición, razonable pero lo más corto posible, que las lleve a su total desaparición.
RESPONSABILIDAD DE ESTADO
El sobrecogedor avance de la biología y de las ciencias biológicas ha dado a la medicina instrumentos formidables para una mayor supervivencia y una mejor calidad de vida de las personas. El avance de la tecnología de las comunicaciones y de la informática crea la era de la información y abre paso a una verdadera sociedad del conocimiento. Nunca antes la medicina pudo cumplir, como lo puede hoy, su imperativo hipocrático en el sentido de hacer lo mejor por el paciente y mantener la óptima calidad de la atención en el marco deontológico de su misión humanitaria.
Con la introducción del negocio en la atención en salud se ha causado un enorme daño a la medicina colombiana, la cual una vez fue considerada una de las mejores en América Latina en cuanto a calidad científica y ética.
Se requiere la decisión política de emprender una reforma estructural del sistema de salud que acabe con la intermediación financiera, haga desaparecer el negocio y restablezca la atención de la salud como un servicio social que la haga valer como derecho fundamental. Porque tal es el espíritu de nuestra Constitución y así lo ha dictaminado la Corte Constitucional. Y así lo ha anunciado el Presidente Juan Manuel Santos.
—UN Periódico Impreso No. 174