Cuando la burocracia suelta las amarras de la democracia

En Colombia, la burocracia se ha ido volviendo un laberinto rígido, politizado y opaco. Entre trámites que dilatan, auditorías que no disuaden y controles que no corrigen, la gestión legislativa ha cargado con etiquetas difíciles de sacudir: ineficiencia y descrédito. La medición de Transparencia Internacional para 2024 dejó a Colombia con 39/100 puntos y en la posición 92 de 180 países, un retroceso frente al año anterior; el mensaje de fondo es inequívoco: la corrupción percibida erosiona la confianza y, con ella, la legitimidad de las instituciones que deberían canalizar el conflicto y la esperanza democráticos.

Esa desconfianza no es retórica. Paneles de opinión y encuestas divulgadas en 2024 y 2025 han ubicado al Congreso de la República entre las instituciones peor evaluadas por líderes y ciudadanía, un dato que se sostiene en múltiples mediciones y titulares. Cuando la mayoría cree que “allá no pasa nada bueno”, el terreno queda abonado para que prospere una promesa distinta: menos trámite, más carácter; menos currículo, más “auténtica voz del pueblo”.

Del escepticismo a los “representantes de pantalla”

Así, en medio de consultas interpartidistas y listas abiertas, emergen figuras cuya principal credencial no es un doctorado, una carrera técnica o una hoja de vida pública, sino una comunidad digital. El relato es conocido por cualquiera que madruga a abrir un local o estudia de noche para llegar al grado: si el sistema no responde, se busca a quien “responde” en el celular.

Es así cómo se explica que, en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, ese guion tomó cuerpo. Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido en redes como @MeDicenWally, logró 137.821 votos (5,89%) para la lista al Senado, quedando entre los más votados. En paralelo, la creadora Laura Daniela Beltrán Palomares, @smilelalis, obtuvo 26.718 votos y se ubicó como la segunda más votada para la Cámara por Bogotá. Ambos resultados fueron reseñados por medios nacionales el 27–29 de octubre de 2025.

¿Qué valida la ciudadanía cuando valida a un influencer?

Visto desde la psicología del comportamiento y la sociología electoral, la validación de candidaturas con débil preparación académica formal o escasa trayectoria profesional en lo público se explica menos por “ignorancia” y más por atajos racionales bajo incertidumbre:

• Heurística de afinidad y parasocialidad— La audiencia “conoce” a quien ve todos los días en vivo: le oye la voz, le sigue la rutina, le celebra el humor. Se forma una relación parasocial que reduce la distancia entre representante y representados.
• Señalización de “outsider”— En un entorno donde el Congreso puntúa bajo en confianza, la identidad de “no político” se convierte en una señal valiosa, que promete romper inercias burocráticas y redes clientelares. Los datos de desconfianza e IPC refuerzan esa lectura colectiva.
• Economía de la atención y algoritmos— Plataformas que premian lo polémico amplifican accesos y simplifican mensajes. La “enmarcada” moral binaria (pueblo vs. Élite; honestos vs. corruptos) facilita decisiones rápidas en la urna.
• Costo de información— Comparar hojas de vida, dictámenes y proyectos de ley tiene un costo de tiempo que rara vez se puede pagar. Validar al candidato “ya conocido” reduce ese costo.
• Efecto de confirmación— Cuando la percepción de corrupción es alta, cualquier denuncia encaja en el relato dominante; y cuando se cree que “los de siempre fallan”, se sobrevalora la promesa de empezar de cero.

Colombia, evidencia del desajuste entre oferta institucional y demanda ciudadana

Colombia vive una brecha entre la oferta institucional (procedimientos, comisiones, reglamentos) y la demanda ciudadana (respuestas visibles, trámites sencillos y resultados). Informes recientes sobre confianza en el Estado y eficiencia regulatoria, desde la OCDE hasta estudios locales, describen cómo la maraña normativa y la ejecución irregular desincentivan el cumplimiento y alimentan el escepticismo. Ese caldo de cultivo vuelve electoralmente competitivo a los “solucionadores” (activistas digitales de corte troll) que vienen de fuera del sistema.

¿Qué perciben emprendedores, pymes, vendedores y universitarios en este fenómeno?

Desde la óptica de negocio y cotidianidad práctica, tres impactos son visibles:

1. Representación de intereses económicos cotidianos— Quien factura al día necesita certidumbre: reglas claras, menos tiempos muertos y seguridad jurídica básica. La promesa de “agilidad” de los outsiders gana atractivo cuando la experiencia con trámites sugiere lo contrario. Pero la capacidad de convertir promesas en técnica legislativa es la vara que, tarde o temprano, define resultados regulatorios (simplificación de trámites, régimen tributario, inspección y vigilancia).
2. Ciclo de expectativas y frustración— Si la validación se basa en carisma y exposición digital pero no en dominio de comisiones, presupuestos y negociación multipartidista, el primer choque llega en el proceso: redactar, concertar y pasar una norma exige oficios que rara vez caben en un hilo viral.
3. Mercado de la información— Para la pyme y el vendedor habitual, el “cómo me afecta” de una reforma es lo decisivo. En ese puente entre el trino y el decreto, entre el like y el artículo transitorio, se comprueba la idoneidad del representante.

Dos nombres propios como síntoma de la descomposición, no como excepción

El ascenso de @MeDicenWally y @smilelalis no ocurre en el vacío: condensa un humor social cansado de expedientes y titulares de corrupción. Sus votaciones —137.821 y 26.718, respectivamente— funcionan como termómetro de una época en que la validación se otorga a quien traduce la indignación en relato simple y promete “mover la aguja” sin pedir permiso a la burocracia.

La pregunta que queda para el electorado productivo (ciudadanía, emprendedores, pymes, comercio, academia) no es si la crítica es justa, sino si la representación así lograda es competente para reformar aquello que se critica.

Entre la catarsis y la construcción

La democracia necesita catarsis, pero se sostiene con construcción. La validación social de candidatos con capital digital puede ser una señal sana de apertura del sistema a nuevas voces. También puede ser un espejismo si la indignación no se acompaña de oficio público: estudiar expedientes, negociar textos, medir impactos, rendir cuentas.

En un país donde la percepción de corrupción es alta y la confianza en el Congreso es baja, el atajo “menos currículo, más cercanía” luce tentador. Sin embargo, para que esa apuesta cumpla lo que promete a quien madruga a abrir la tienda o cierra caja a medianoche, la idoneidad no puede ser un lujo: es el único seguro contra repetir el ciclo de desilusión que, precisamente, explica su ascenso.