Para quienes no han seguido el pulso político colombiano en detalle, conviene ubicarse antes de entrar en materia. El “decretazo” es el nombre que la opinión pública ha dado al decreto de emergencia con el que el presidente Gustavo Petro decidió acelerar, por la vía ejecutiva, un paquete de reformas sociales y económicas que hasta entonces avanzaba lentamente en el Congreso. Esta decisión ha desatado un intenso debate porque, aunque la Constitución colombiana habilita al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley en circunstancias excepcionales, la oposición y numerosos juristas sostienen que los requisitos materiales —gravedad, urgencia y temporalidad— no se cumplen en este caso. En otras palabras, la controversia no gira únicamente en torno a los alcances de una norma específica, sino a la tensión entre el mandato popular y los contrapesos que sostienen el Estado de Derecho.

Es en este terreno —donde la legitimidad política se encuentra con las barreras constitucionales— donde aparece Eduardo Montealegre, exfiscal general y figura influyente en el ámbito jurídico, ofreciendo una defensa sofisticada de la movida presidencial. Para algunos, su intervención representa un esfuerzo ilustrado por dotar de sustento legal la respuesta a un momento crítico; para otros, encarna un uso creativo, cuando no abiertamente laxo, de la interpretación constitucional. Con estos elementos sobre la mesa, el texto que sigue examina por qué la verdadera prueba de liderazgo —tanto político como jurídico— no reside en la habilidad retórica para justificar atajos, sino en la disposición a someter el poder a sus límites legítimos.

En tiempos de crisis institucional, los líderes auténticos son sometidos a su verdadera prueba: el respeto por los límites del poder. Más allá de los discursos ideológicos o de las filiaciones políticas, el liderazgo contemporáneo se define por su capacidad de ejercer la autoridad con sentido de responsabilidad, humildad ante la norma y respeto genuino por los contrapesos democráticos.

Lamentablemente, el espectáculo que ofrece hoy Eduardo Montealegre frente al “decretazo” del presidente Gustavo Petro ilustra exactamente lo contrario. En lugar de defender la solidez de las instituciones como fundamento del Estado de Derecho, asume el rol de tinterillo sofisticado, desplegando un catálogo de argumentaciones rebuscadas que intentan revestir de legalidad lo que es, en esencia, un acto de abierta confrontación con el orden constitucional.

El problema no es técnico —porque la ley siempre puede ser interpretada desde diversos ángulos—, sino de carácter. Un liderazgo jurídico y político verdaderamente íntegro asume que las mayorías no son excusa para saltarse los procedimientos democráticos. Un verdadero líder —sea político o jurídico— sabe que el poder se legitima en la contención, no en la expansión sin control.

Pero Montealegre, como otros operadores del oficialismo, encarna ese viejo defecto de los asesores cortesanos: darle al gobernante la teoría que justifique lo que quiere hacer, aunque para ello haya que retorcer la letra de la ley y anestesiar a la ciudadanía con retórica técnica. Lo grave es que esa práctica, además de profundizar la desconfianza pública, alimenta el desgaste de las instituciones que todos deberíamos proteger.

El liderazgo contemporáneo exige justamente lo contrario: humildad frente a la Constitución, claridad ética en la defensa del orden democrático y, sobre todo, la capacidad de decirle “no” al poder cuando pretende extralimitarse. No se requiere brillantez retórica para justificar un atajo; se requiere carácter para disuadirlo.

Mientras el país presencia este nuevo episodio de ingeniería jurídica al servicio del poder, queda claro que el verdadero déficit no es de normas, sino de talante. En el fondo, lo que está en juego no es solo un decreto, sino el tipo de país y de liderazgo que estamos dispuestos a tolerar.