La expresión “cualquiera puede ser presidente” alguna vez se interpretó como la esencia misma de la democracia: la idea de que el poder no está reservado para élites intocables, sino abierto a cualquier ciudadano con vocación de servicio. Pero la realidad reciente ha mostrado que, sin instituciones fuertes y sin una cultura política madura, esa frase puede torcerse hasta convertirse en una advertencia. Cuando el acceso a la presidencia deja de estar ligado a la preparación, la ética o la competencia, y pasa a depender del ruido, la polarización o la manipulación emocional, la promesa democrática se transforma en una carga para el país. No se trata de negar la igualdad política, sino de reconocer que la democracia se debilita cuando las sociedades exigen tan poco a quienes aspiran a gobernarlas. Lo que antes era esperanza, hoy puede sonar como una ironía amarga sobre los riesgos de no cuidar el valor del voto y la calidad del liderazgo.

El problema de fondo no es que “cualquiera” pueda ocupar un cargo público, sino la erosión deliberada de la meritocracia bajo la excusa de representar al pueblo. Cuando se normaliza que puestos estratégicos como ministerios, diplomacia, inteligencia o seguridad, sean entregados a personas sin preparación adecuada o rodeadas de cuestionamientos, el Estado pierde rumbo y se vacía de profesionalismo. Ese desprecio por la formación, la experiencia y los controles institucionales no democratiza el poder: lo vulnera.

El resultado es un gobierno rodeado de funcionarios que asienten sin criterio, que no cuestionan ni corrigen, y que terminan ejerciendo sus responsabilidades como una prolongación del activismo personal o de lealtades políticas, no como un servicio al país. Esa lógica, más propia de una oclocracia que de una república seria, alimenta una narrativa peligrosa en la que cualquier forma de especialización se caricaturiza como privilegio y cualquier estándar técnico se tilda de elitismo.

Defender la meritocracia no es defender aristocracias imaginarias; es defender la idea básica de que el Estado, para funcionar, necesita gente competente, íntegra y capaz. Lo contrario no es inclusión: es deterioro institucional.