En los primeros días de 2026, la política internacional y regional se ha visto sacudida por un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de América Latina: la captura y traslado a Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro tras una operación militar liderada por fuerzas especiales estadounidenses, que culminó con su aparición en una corte federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, en medio de intensos debates sobre su legitimidad y legalidad. La acción, anunciada y justificada por el gobierno de Donald Trump como parte de una ofensiva contra el narcotráfico y el crimen transnacional, ha generado una ola de reacciones diplomáticas y políticas en toda la región, con gobiernos y organizaciones multilaterales cuestionando su impacto sobre la soberanía de los Estados y el marco del derecho internacional.

En ese contexto, el llamado del presidente Gustavo Petro a “defender la soberanía nacional” y las respuestas del Ejecutivo colombiano a las declaraciones y amenazas de Trump, incluidas referencias explícitas sobre Colombia en el marco de la “lucha contra el narcotráfico” y críticas despectivas sobre el presidente Petro, han intensificado el debate interno sobre política exterior, seguridad y autonomía frente a las potencias globales.

La trama de acontecimientos recientes no solo altera las coordenadas de la geopolítica hemisférica, sino que también reaviva en Colombia viejas tensiones sobre gobernabilidad, poder, legitimidad y la percepción de amenazas externas. A partir de esta coyuntura, se propone analizar con rigor por qué, más allá del ruido mediático y las retóricas de alarma, los mecanismos de salida política en Colombia, como lo demuestra la experiencia histórica, operan dentro de cauces institucionales consolidados y no en función de fantasías de colapso o intervenciones foráneas.

En la política colombiana, cada gobierno impopular o errático suele venir acompañado de una narrativa recurrente: la del colapso inminente. Se habla de “vacío de poder”, de conspiraciones externas, de desmontajes institucionales y de caídas súbitas del Ejecutivo. Sin embargo, la historia reciente demuestra que estas lecturas dicen más sobre el clima emocional del debate público que sobre el funcionamiento real del Estado.

El gobierno de Gustavo Petro atraviesa, sin duda, una fase de desgaste acelerado. La fragmentación de su coalición, la rotación constante del gabinete y la dificultad para convertir ambición programática en política pública efectiva han erosionado su capacidad de conducción. Pero confundir debilidad con colapso es un error analítico que Colombia ya ha cometido antes.

Un sistema diseñado para resistir gobiernos débiles

El presidencialismo colombiano no está diseñado para producir salidas abruptas, sino para absorber crisis políticas mediante contención institucional. Congreso, Cortes, entes de control y calendario electoral funcionan como amortiguadores que reducen la probabilidad de rupturas, incluso en contextos de alta conflictividad.

Esta lógica no es nueva. El país ya ha transitado gobiernos profundamente debilitados sin que ello derivara en quiebres constitucionales.

Samper: aislamiento sin caída

El caso de Ernesto Samper es quizá el ejemplo más elocuente. Aislado política y diplomáticamente tras el Proceso 8.000, su gobierno perdió capacidad de iniciativa, legitimidad internacional y margen de maniobra. No obstante, completó su mandato. El sistema optó por el bloqueo y la contención, no por la expulsión.

La lección fue clara: incluso una crisis de legitimidad severa no activa automáticamente una salida anticipada.

Pastrana: debilidad compensada por una agenda

Con Andrés Pastrana, la fragilidad política coexistió con una apuesta estructurante. Aunque el proceso de paz con las FARC fracasó, el Plan Colombia reordenó la acción estatal y definió una hoja de ruta estratégica. Pastrana no fue un presidente fuerte, pero sí uno con un eje claro que sostuvo su gobierno hasta el final.

La comparación es reveladora: la debilidad no es letal cuando existe una arquitectura política que ordena el poder.

Duque: el precedente más cercano

El gobierno de Iván Duque ofrece el paralelo más inmediato. Tras el estallido social y la pérdida progresiva de legitimidad, el Ejecutivo quedó contenido por la protesta, las Cortes y el Congreso. El poder formal se mantuvo; el poder político se diluyó. La salida no fue la caída, sino la transición electoral.

Ese es el patrón dominante del sistema colombiano: cuando el Ejecutivo se debilita, el poder se redistribuye, no se destruye.

El presente: desgaste, no desmontaje

A la luz de estos precedentes, resulta evidente que los escenarios más realistas para el actual gobierno no pasan por renuncias, juicios políticos o intervenciones externas, sino por:

• Bloqueo legislativo persistente.
• Judicialización creciente de la acción gubernamental.
• Reconfiguraciones parciales del gabinete.
• Un Ejecutivo que administra más de lo que transforma.
• Una salida política canalizada por las elecciones.

Las figuras polémicas, los conflictos internos y los escándalos pueden acelerar el desgaste, pero no constituyen mecanismos autónomos de caída. En Colombia, la política no suele terminar en rupturas dramáticas, sino en finales largos y erosionados.

Conclusión

La idea de un “desmonte” del gobierno pertenece más al terreno de la metáfora que al de la ciencia política. La experiencia demuestra que Colombia no expulsa presidentes: los contiene, los limita y, finalmente, los reemplaza en las urnas.

El verdadero riesgo no es el colapso institucional, sino la normalización de gobiernos cada vez más débiles, atrapados entre la ambición retórica y la incapacidad práctica. Esa, más que cualquier conspiración, es la constante que une a Samper, Duque y, potencialmente, al presente.