Gobernar implica mucho más que interpretar la realidad existente o diagnosticar sus fallas estructurales. En su acepción más exigente, el ejercicio del poder político supone la capacidad de crear: diseñar soluciones viables, construir instituciones funcionales y transformar promesas en resultados verificables. Esta concepción, cercana a la lógica de la ingeniería más que a la de la retórica, ofrece un marco útil para analizar el mandato del presidente Gustavo Petro en Colombia y contrastarlo con los resultados concretos de su gestión.

Desde su llegada al poder, Petro se presentó como el líder de un cambio histórico. Su discurso articuló nociones de justicia social, transición energética, “paz total” y superación de las desigualdades estructurales. En el plano informativo y simbólico, la narrativa fue poderosa: por primera vez en décadas, la izquierda colombiana accedía al Ejecutivo con una agenda transformadora y una legitimidad electoral clara. Sin embargo, el ejercicio del gobierno no se agota en la formulación de diagnósticos ni en la reiteración de consignas. Es en la ejecución donde se mide la capacidad real de liderazgo.

A siete meses de concluir el mandato, la evidencia de gestión revela una brecha significativa entre el discurso y los resultados. Las principales reformas impulsadas por el gobierno, en salud, pensiones, trabajo y energía, han estado marcadas por deficiencias técnicas, falta de consensos políticos y una débil articulación institucional. Lejos de consolidarse como proyectos de Estado, muchas de estas iniciativas han quedado atrapadas en la improvisación legislativa o en la confrontación permanente con otros poderes públicos.

En este contexto, el gobierno ha recurrido de manera creciente a una lógica de confrontación discursiva. Los obstáculos a la gestión son atribuidos de forma sistemática a actores externos: el sector empresarial, los medios de comunicación, el poder judicial o una supuesta élite resistente al cambio. Esta estrategia, característica del populismo contemporáneo, desplaza la responsabilidad política y sustituye la rendición de cuentas por la narrativa del conflicto. El resultado es un clima de polarización que debilita la gobernabilidad y erosiona la confianza en las instituciones.

La evidencia empírica refuerza esta lectura crítica. La incertidumbre regulatoria ha afectado la inversión, la ejecución presupuestal muestra rezagos significativos, y los escándalos de corrupción que han alcanzado el entorno más cercano del poder ejecutivo contradicen el discurso ético que sustentó la campaña presidencial. En lugar de un Estado fortalecido por la acción gubernamental, se observa un aparato público tensionado, fragmentado y con dificultades para traducir la visión política en políticas públicas eficaces.

El caso del presidente Petro resulta especialmente relevante por su dimensión histórica. Su mandato representaba una oportunidad para que la izquierda colombiana demostrara capacidad de gobierno, solvencia técnica y vocación institucional. No obstante, la evidencia sugiere que esta oportunidad ha sido, en gran medida, desaprovechada. La administración ha privilegiado la denuncia sobre la construcción, la épica sobre la gestión y la retórica sobre la ejecución.

Así pues y como quien dice, gobernar no consiste en describir los problemas ni en amplificar los conflictos preexistentes. Gobernar es construir realidades nuevas, medibles y sostenibles. Desde esta perspectiva, el mandato de Gustavo Petro aparece menos como un ejercicio de creación política y más como una reiteración discursiva de diagnósticos conocidos. Para un país con profundas necesidades estructurales, esta diferencia no es menor: es la línea que separa la promesa del resultado, y la intención del legado.