Pequeñas reflexiones y observaciones espontáneas: ideas que aparecen sin previo aviso, pensamientos cotidianos, apuntes que no buscan perfección sino capturar el momento. Un espacio para lo que surge en el vuelo.
En un contexto como el colombiano, que se prepara para las elecciones presidenciales de 2026, en un clima marcado por la polarización y la disputa sobre el rumbo del país, contar con herramientas conceptuales sólidas para analizar los mensajes políticos resulta fundamental. Las elecciones están programadas para el 31 de mayo de 2026, con la posibilidad de una segunda vuelta si ningún candidato alcanza la mayoría requerida.
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La acelerada expansión de la “privatización” de las instituciones durante el gobierno Petro, entendida como el desmontaje de controles públicos para favorecer intereses particulares, no solo revela un deterioro serio en la arquitectura del Estado: también es una lección poderosa sobre cómo se destruye una marca desde adentro.
Aunque este fenómeno no nació con esta administración, sí parece haberse profundizado hasta volverse difícil de contener. Y, visto desde la perspectiva del marketing, es el equivalente a una marca que renuncia a sus principios para responder únicamente a los intereses de un grupo reducido.
La expresión “cualquiera puede ser presidente” alguna vez se interpretó como la esencia misma de la democracia: la idea de que el poder no está reservado para élites intocables, sino abierto a cualquier ciudadano con vocación de servicio. Pero la realidad reciente ha mostrado que, sin instituciones fuertes y sin una cultura política madura, esa frase puede torcerse hasta convertirse en una advertencia. Cuando el acceso a la presidencia deja de estar ligado a la preparación, la ética o la competencia, y pasa a depender del ruido, la polarización o la manipulación emocional, la promesa democrática se transforma en una carga para el país. No se trata de negar la igualdad política, sino de reconocer que la democracia se debilita cuando las sociedades exigen tan poco a quienes aspiran a gobernarlas. Lo que antes era esperanza, hoy puede sonar como una ironía amarga sobre los riesgos de no cuidar el valor del voto y la calidad del liderazgo.
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Para quienes no han seguido el pulso político colombiano en detalle, conviene ubicarse antes de entrar en materia. El “decretazo” es el nombre que la opinión pública ha dado al decreto de emergencia con el que el presidente Gustavo Petro decidió acelerar, por la vía ejecutiva, un paquete de reformas sociales y económicas que hasta entonces avanzaba lentamente en el Congreso. Esta decisión ha desatado un intenso debate porque, aunque la Constitución colombiana habilita al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley en circunstancias excepcionales, la oposición y numerosos juristas sostienen que los requisitos materiales —gravedad, urgencia y temporalidad— no se cumplen en este caso. En otras palabras, la controversia no gira únicamente en torno a los alcances de una norma específica, sino a la tensión entre el mandato popular y los contrapesos que sostienen el Estado de Derecho.
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En una época en la que las redes sociales amplifican tanto las ideas como los egos, es común encontrarse con figuras públicas convertidas en íconos, casi en objetos de devoción. No solo en la política, también en el emprendimiento, el liderazgo organizacional e incluso en las marcas personales. Pero, ¿cuándo pasamos de seguir a alguien por sus ideas a idolatrarlo por su aura?
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En la era de la hiperconectividad, las redes sociales han desdibujado los límites entre el periodismo, el activismo y la propaganda. Lo que antes era el ejercicio de una crítica informada, con distancia profesional y compromiso con la verdad, hoy ha sido reemplazado —en buena parte del espectro digital colombiano— por la figura del periodista militante. Un actor que, lejos de fiscalizar al poder, se dedica a protegerlo, justificarlo y hostigar a todo aquel que lo cuestione.
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