Un escaño no se gana con retuits

En una era marcada por la inmediatez de la información, la viralidad de los discursos y la masificación de las redes sociales como plataforma política, la figura del legislador ha empezado a ser confundida con la del influencer. La política, que históricamente ha sido el arte de deliberar, construir consensos y resolver los grandes desafíos de la sociedad, parece estar siendo sustituida por el activismo de corto alcance, las frases efectistas y la popularidad digital como capital político.

Colombia, como muchas democracias contemporáneas, enfrenta un fenómeno preocupante: la ocupación de curules legislativas por personajes cuyo mérito principal no es su preparación académica, ni su trayectoria profesional, ni su compromiso técnico con lo público, sino su capacidad para posicionar mensajes en redes, generar polémica, atacar adversarios y mover emociones. El debate de altura ha cedido terreno ante la espectacularización de la política, donde la forma vale más que el fondo, y el ruido digital tiene más impacto que el rigor legislativo.

Este fenómeno ha vaciado de contenido las instituciones, debilitando el papel del Congreso como espacio deliberativo. En lugar de expertos en derecho constitucional, economía, políticas públicas o administración del Estado, proliferan figuras que, si bien pueden movilizar causas legítimas, carecen de las herramientas necesarias para traducir esas causas en leyes, reformas o soluciones de fondo. El daño no es solo simbólico: se legisla mal, se representan mal los intereses ciudadanos, y se pierde credibilidad en la democracia como sistema.

El Senado de la República es una de las más altas expresiones del poder público. Allí se discuten y deciden asuntos estructurales: reformas a la salud, al sistema pensional, al ordenamiento territorial, a la justicia. Pensar que ese escaño puede ser ocupado por improvisación o popularidad es ignorar la complejidad del Estado. La representación política requiere, ante todo, idoneidad: técnica, ética y política.

Por eso, un escaño no se gana con retuits. Se gana con formación, experiencia y una comprensión seria de lo que significa legislar en nombre de millones. A continuación, este ensayo se propone reflexionar sobre el deterioro del perfil legislativo en Colombia, y argumentar por qué es urgente restaurar la dignidad, competencia y responsabilidad en quienes aspiran a ocupar una curul.

El fenómeno: la popularidad digital como trampolín político

La irrupción de las redes sociales en el panorama político ha transformado la forma en que los ciudadanos se informan, opinan y votan. Plataformas como Equis (X), Instagram, TikTok o Facebook permiten que cualquier persona con habilidades comunicativas y una narrativa emocional pueda alcanzar visibilidad e influencia en la agenda pública. Esto, en principio, democratiza la opinión y abre espacio a nuevas voces. Sin embargo, cuando esa misma lógica se traslada de forma acrítica al ámbito legislativo, surge un problema estructural: la sustitución de la idoneidad por la visibilidad.

Hoy, en Colombia, hay aspirantes al Congreso cuya hoja de vida política es su número de seguidores. Algunos han llegado al Senado por listas cerradas (una modalidad de votación en la cual los partidos o movimientos políticos presentan una lista fija y ordenada de candidatos, y los ciudadanos votan por el partido y no por un candidato individual) sin una comprensión mínima del funcionamiento del Estado, sin preparación técnica en derecho, economía o políticas públicas, y sin trayectoria pública o profesional verificable. En su lugar, han construido carreras desde el activismo digital, la denuncia emocional o la confrontación simbólica, generando discursos virales pero vacíos, sin sustento jurídico ni propuesta viable.

Este tipo de “figura política emergente” se presenta como la voz del pueblo frente a la élite tradicional, pero en la práctica, muchas veces termina replicando los mismos vicios de clientelismo, polarización y demagogia, disfrazados de “autenticidad”. La política se degrada a un espectáculo de redes, donde lo importante no es deliberar sino ganar la narrativa del día.

Las consecuencias: debilitamiento institucional y legislativo

El impacto de esta dinámica va más allá de lo simbólico. Cuando un Congreso se llena de improvisación, el país sufre. Las reformas se retrasan, se legisla sin rigor técnico, se abusa de la retórica y se desperdician oportunidades históricas para modernizar el Estado.

En Colombia, este fenómeno se ha evidenciado en debates clave como la reforma a la salud, la reforma laboral y la discusión sobre el modelo pensional. En lugar de discusiones informadas, con cifras, estudios y análisis comparativos, abundan las frases efectistas, los ataques personales y la creación de enemigos imaginarios: las EPS, los tecnócratas, la “oposición del pasado”. La falta de preparación se traduce en leyes mal formuladas, en normas ineficaces o inconstitucionales, y en un Congreso desacreditado ante la ciudadanía.

Además, la lógica de las redes, donde prima el conflicto y la simplificación, ha fomentado una cultura política polarizada y poco dialogante. Muchos legisladores optan por radicalizar sus posiciones para alimentar su base digital, lo que entorpece la construcción de consensos necesarios en un sistema democrático. El Congreso, que debería ser el corazón del pacto social, se convierte en un campo de batalla simbólico, estéril y estancado.

El perfil que Colombia necesita: preparación, carácter y compromiso ético

Frente a esta realidad, es urgente recuperar el valor de la formación profesional y la experiencia pública como criterios básicos para aspirar al Congreso. No se trata de excluir voces jóvenes o activistas, sino de exigir que quienes aspiren a legislar entiendan que el ejercicio del poder exige preparación.

Un senador o representante debe tener, como mínimo, formación universitaria en áreas clave para la función pública (derecho, economía, administración, ciencias políticas) y ojalá especialización o maestría en temas afines. Debe conocer el funcionamiento del Estado, el proceso legislativo, la Constitución, el control político y las finanzas públicas. Y, sobre todo, debe demostrar integridad, capacidad de diálogo y compromiso con el interés general.

También es clave fomentar el desarrollo de equipos técnicos que asesoren a los congresistas, garantizar transparencia en sus agendas legislativas y promover procesos de selección de candidatos más rigurosos dentro de los partidos. La política no puede seguir siendo un concurso de popularidad; debe volver a ser un ejercicio de responsabilidad histórica.

Conclusión

El Congreso de la República no es un escenario para improvisar, ni un premio para quienes dominen el algoritmo de las redes. Es, o debería ser, un espacio de deliberación técnica, política y ética, donde se toman decisiones que afectan la vida de millones de ciudadanos. Por ello, reducir la representación legislativa a una competencia de visibilidad o popularidad digital es un grave error que termina debilitando las instituciones y empobreciendo la democracia.

Hoy más que nunca, Colombia necesita senadores con carácter, preparación y visión de país. Personas capaces de interpretar el momento histórico con responsabilidad y de construir soluciones viables desde el conocimiento y no desde la arenga. Legislar requiere algo más que ingenio para un hilo viral: exige capacidad de análisis, voluntad de diálogo, conocimiento del marco normativo y un firme compromiso con el interés colectivo.

Negar esta realidad es permitir que el Congreso se siga llenando de figuras cuya legitimidad se mide en seguidores y no en resultados. Es renunciar a la posibilidad de un país mejor diseñado, más justo, más democrático. El mensaje es claro: un escaño no se gana con retuits, se gana con mérito, con servicio y con altura.