Cuando el Estado deja de ser marca país y se vuelve botín progresista

La acelerada expansión de la “privatización” de las instituciones durante el gobierno Petro, entendida como el desmontaje de controles públicos para favorecer intereses particulares, no solo revela un deterioro serio en la arquitectura del Estado: también es una lección poderosa sobre cómo se destruye una marca desde adentro.

Aunque este fenómeno no nació con esta administración, sí parece haberse profundizado hasta volverse difícil de contener. Y, visto desde la perspectiva del marketing, es el equivalente a una marca que renuncia a sus principios para responder únicamente a los intereses de un grupo reducido.

En términos de identidad de marca, lo preocupante no es solo que se sustituyan procedimientos técnicos por lealtades personales; es que esa práctica erosiona la naturaleza misma de lo público. Instituciones que deberían servir al país terminan subordinadas a pequeños círculos privados de influencia. Dicho de otro modo: la “marca Estado”, que debería representar estabilidad, confianza y servicio, empieza a significar incertidumbre, opacidad y captura.

Cuando ministerios, departamentos administrativos o incluso la Presidencia operan con lógicas patrimoniales, se rompe el contrato psicológico con la ciudadanía. Se debilita la confianza, se reduce la transparencia y se consolida un Estado que funciona al ritmo de quienes lo manejan, no de quienes lo necesitan. Es exactamente lo que ocurre cuando una empresa deja de escuchar al mercado y se dedica a complacer solo a sus accionistas: la brecha entre la promesa de marca y la experiencia real se vuelve insostenible.

La “privatización informal” de las instituciones, cuando se vacían de contenido técnico y se subordinan a intereses particulares, es uno de los daños más profundos que puede sufrir un Estado… y una de las formas más rápidas de destruir una marca institucional. No solo implica el desangre de recursos, sino la renuncia deliberada a la función reguladora que justifica la existencia de cada entidad: su propósito, su razón de ser, su “por qué”.

Cuando lo que importa ya no es la idoneidad del funcionario, sino su capacidad de garantizar lealtad al grupo que lo respalda, la administración pública se convierte en un botín. En términos de marketing, es como elegir voceros y embajadores de marca no por credibilidad ni coherencia, sino por sumisión. El resultado es predecible: la organización pierde legitimidad y se vuelve incapaz de orientar y proteger el sector que debería regular.

Esta lógica erosiona el profesionalismo, destruye la continuidad técnica y deja al país gobernado por un aparato debilitado, manejado por personas que ven el cargo como una oportunidad pasajera para sacar provecho. En el lenguaje de marcas, es el ciclo típico de la explotación a corto plazo: exprimir el valor acumulado sin invertir en reputación, experiencia ni confianza. El desenlace es siempre el mismo: un Estado sin dirección y una ciudadanía sin garantías… o, trasladado al mundo corporativo, una marca sin propósito y clientes que se van.

El caso de las agencias de inteligencia y seguridad del Estado lleva el problema a otro nivel. La privatización de decisiones dentro de estas entidades representa un riesgo mucho más grave que en cualquier otra institución pública. Cuando los órganos encargados de proteger la estabilidad del país empiezan a responder a intereses privados, el daño no es solo administrativo: es estructural. Es como si el área de gestión de riesgos de una compañía se dedicara a encubrir errores en lugar de anticiparlos.

Se pierde el control sobre los objetivos estratégicos, se distorsionan las prioridades y se reemplaza la lógica de seguridad nacional por agendas particulares. En términos de branding, la promesa central se vacía: aquello que la institución decía garantizar deja de ser creíble.

En ese vacío, el poder se concentra en manos de quienes pueden manipular la información y los recursos, mientras dinero opaco y operaciones paralelas comienzan a ocupar el lugar de la acción institucional legítima. Es una forma silenciosa pero devastadora de desmantelar el Estado desde adentro, debilitando su capacidad de protegerse y dejando al país expuesto a intereses que no rinden cuentas a nadie.

Para quienes trabajamos en identidad de marca y marketing, este escenario deja una advertencia clara: cuando el propósito se sacrifica por lealtades de corto plazo, cuando la técnica se reemplaza por favores, y cuando la transparencia cede ante agendas privadas, no solo se colapsa la institución. Se colapsa también su marca, su credibilidad y, con ellas, la relación de confianza con las personas a las que dice servir. Y recuperar eso, en cualquier ámbito, es siempre la tarea más difícil.