El activismo no reemplaza el rigor

Vivimos en una era donde la inmediatez de la información y el alcance masivo de las plataformas digitales han dado lugar a una nueva forma de participación política: el activismo digital. Esta herramienta, en principio poderosa y democratizadora, ha sido clave para visibilizar causas marginadas, presionar por reformas urgentes y generar debates necesarios. Sin embargo, su creciente protagonismo también ha traído consigo una preocupante tendencia: la sustitución del análisis riguroso por el juicio apresurado; la opinión convertida en verdad irrefutable; y en muchos casos, la denuncia emotiva reemplazando al dato comprobado.

En sociedades polarizadas, donde las instituciones democráticas enfrentan un continuo escrutinio público, la diferencia entre fiscalización ciudadana y desinformación deliberada se vuelve cada vez más delgada. En este contexto, los activistas digitales —algunos con buenas intenciones, otros movidos por agendas ideológicas— suelen ocupar un espacio privilegiado en la conversación pública. No obstante, este privilegio conlleva una gran responsabilidad: la de ejercer su influencia sin sacrificar el rigor, la veracidad ni la proporción.

Es en este marco donde se inscribe el reciente artículo publicado por Revista RAYA, Poca transparencia en las encuestas en Colombia: ¿en qué está fallando el Consejo Nacional Electoral? —firmado por la activista Hanwen Zhang y el profesor Iván Mendivelso—. En él, los autores denuncian una serie de fallas técnicas y administrativas en el repositorio de encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, correspondiente al año 2024. La crítica, aunque inicialmente legítima en su intención de llamar la atención sobre problemas reales de gestión institucional, deriva pronto en una descalificación generalizada del sistema de encuestas en el país, insinuando —de manera implícita pero persistente— una red de manipulación y ocultamiento que pondría en entredicho tanto la transparencia institucional como la ética de las firmas encuestadoras.

Pero aquí surge una preocupación central: ¿es válido cuestionar al regulador sin distinguirlo de los regulados? ¿Es justo acusar a empresas de investigación con años de experiencia y reconocimiento nacional, basándose únicamente en los errores de cargue y sistematización de una base pública? ¿Hasta qué punto la crítica, cuando no se sustenta en criterios técnicos sólidos, puede transformarse en una forma de propaganda encubierta?

En este ensayo se pretende argumentar que el activismo, por valioso que sea en las sociedades contemporáneas, no puede sustituir los principios del rigor metodológico ni de la responsabilidad intelectual. A través del caso de Zhang y Mendivelso, se analizará cómo una crítica mal enfocada —aunque revestida de tecnicismo y buena intención— puede contribuir más a la desconfianza y a la polarización que al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Porque en el debate público, el compromiso con la verdad debe estar por encima de cualquier causa.

Análisis del caso Hanwen Zhang y el CNE

El artículo publicado por Hanwen Zhang e Iván Mendivelso identifica fallos reales y documentados en el sistema de registro del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellos inconsistencias en fechas, omisiones de encuestas, errores en los nombres de encuestadoras y documentos anexos irrelevantes. Sin embargo, el enfoque del análisis no distingue adecuadamente entre las responsabilidades del CNE como entidad reguladora y las funciones de las firmas encuestadoras como agentes independientes de recolección y análisis de datos.

Al presentar estos errores como prueba de una supuesta falta de transparencia generalizada en el ecosistema de encuestas, los autores incurren en una falacia de extrapolación. No existe evidencia suficiente que permita vincular los fallos administrativos del CNE con intenciones manipuladoras por parte de empresas encuestadoras de reconocida trayectoria como Invamer, Guarumo, Datexco, entre otras.

Además, se omite considerar un hecho esencial: muchas de las encuestas criticadas por no aparecer en el repositorio sí fueron divulgadas en medios masivos, cumpliendo con los requisitos legales de publicación, incluyendo fichas técnicas y notas metodológicas. La omisión en el sistema del CNE podría explicarse por errores logísticos o de comunicación, pero no debe asumirse automáticamente como un intento deliberado de ocultamiento.

Zhang y Mendivelso, al construir una narrativa que desacredita en bloque la legitimidad de las encuestas, no solo debilitan la confianza en un instrumento técnico vital para la democracia, sino que también minan la labor de cientos de profesionales en estadística, investigación de mercados y ciencias sociales que trabajan bajo estrictos marcos de referencia.

Más preocupante aún es la promoción de una plataforma paralela, desarrollada por los propios autores, como supuesta alternativa al repositorio oficial. Aunque puede representar un ejercicio interesante de fiscalización ciudadana, carece del aval institucional, las garantías de verificación externa y el cumplimiento de normas legales que requiere un sistema de información electoral. Esto transforma un ejercicio crítico en una propuesta informal que, en lugar de fortalecer la institucionalidad, la fragmenta.

En suma, el caso Zhang-CNE representa un ejemplo claro de cómo el activismo, cuando no está acompañado del debido rigor analítico y metodológico, puede derivar en daños colaterales para la confianza pública y la salud del debate democrático. Cuestionar está bien… desinformar, no.

La importancia de las encuestas en la democracia

Las encuestas de opinión pública son una de las herramientas más valiosas con las que cuenta una democracia para conocer la percepción ciudadana sobre temas clave de interés nacional. Su función no se limita a medir la favorabilidad de gobernantes o el apoyo a determinados candidatos; también sirven para identificar prioridades sociales, evaluar políticas públicas, y orientar estrategias de comunicación y toma de decisiones en todos los niveles del poder.

En contextos electorales, las encuestas permiten a los partidos, candidatos y financiadores ajustar sus estrategias según el clima político. Asimismo, para los ciudadanos, las encuestas representan una forma de información indirecta que ayuda a comprender tendencias, identificar mayorías o minorías y participar de forma más informada.

Desde el punto de vista institucional, las encuestas también cumplen un papel de control social. Al visibilizar de manera periódica y metodológicamente sustentada la opinión del público, se convierten en un contrapeso a discursos hegemónicos y en una fuente independiente de legitimación o crítica frente al poder político.

Pero para que esta herramienta cumpla su función democrática, es imprescindible que goce de credibilidad. De allí que los ataques generalizados y mal fundamentados hacia el sector encuestador resulten particularmente graves. Desacreditar las encuestas sin distinguir entre errores de publicación y fallas de metodología, o entre instituciones reguladoras y casas encuestadoras independientes, equivale a debilitar uno de los pocos canales de expresión ciudadana que no depende de la voluntad de los gobiernos.

La transparencia, la validación técnica, la obligación de publicar fichas técnicas y la posibilidad de auditorías externas, hacen de las encuestas un instrumento perfectible, pero confiable. Como toda herramienta estadística, su interpretación exige formación, responsabilidad y un compromiso indeclinable con el dato, no con la narrativa.

Conclusión

En una democracia sana, el disenso es vital, y el activismo cumple un papel indispensable en la fiscalización del poder y en la ampliación de la participación ciudadana. Sin embargo, cuando la denuncia sustituye al análisis y el relato emotivo reemplaza al dato verificado, corremos el riesgo de erosionar los pilares que sostienen el debate público informado.

El caso de Hanwen Zhang e Iván Mendivelso es ilustrativo de esta tensión. Lo que podría haber sido un llamado constructivo a mejorar la gestión del CNE, se convierte en una narrativa deslegitimadora que afecta no solo a una institución, sino a toda una comunidad profesional que trabaja bajo principios técnicos y éticos.

Hoy más que nunca, es necesario reafirmar que el activismo, para ser útil, debe estar anclado al rigor. La democracia no se fortalece con sospechas infundadas, sino con argumentos bien sustentados. Defender la transparencia no significa destruir la credibilidad de las herramientas que permiten conocer la opinión de la ciudadanía, sino exigir que funcionen mejor. El activismo crítico y el conocimiento técnico no son enemigos. Juntos, pueden y deben coexistir en beneficio del interés público.