El derecho al olvido

En la mira de la Unión Europea andan por estos días Google, Facebook y Twitter, como consecuencia de la ‘poca lucha’ de los tres colosos tecnológicos en cuanto a la adaptación de sus términos, condiciones, confidencialidad y el derecho al olvido de los usuarios en el mercado europeo.

De si tenemos o no derecho al olvido, Google considera que no y, para el efecto, ha enfilado baterías jurídicas este mes en las cortes del Reino Unido, en la medida que dos personas han solicitado retirar los enlaces que direccionan a información acerca de los delitos por los cuales ya fueron declarados culpables.

Bajo la ley del Reino Unido, según fuentes consultadas, ninguno de los mencionados delitos requiere ser declarado ante potenciales empleadores, de acuerdo con un decreto de 1974 que estipula no haber razón por la cual tengan los infractores que tener ‘un manchón de por vida’ en su existencia (concebido además para aligerar su rehabilitación). Son fechorías menores, pero igual siguen siendo delitos.

Es más, dice un portavoz de la compañía que, Google se empeña en acatar la normativa internacional, aunque no retirará aquellos resultados de búsqueda que son ‘claramente de interés público’ y, que por lo demás, defenderá el derecho de la población general a acceder a información de carácter jurídico.

En ese orden de ideas, sabemos todos que la información es el combustible que impulsa no solo los negocios sino también la interacción social y, entre mayor sea la transparencia, mucho mejor. Una sociedad que provee a sus integrantes la información necesaria para tomar decisiones informadas sale mejor librada y, punto.

O como quien dice, allí están en la picota pública Luis Fernando Andrade Moreno, ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el exsenador Otto Bulla, Luis Gustavo Moreno, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Colombia, el exmagistrado Leónidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, idiotizado por la depresión, Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, primer parlamentario capturado por el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, el senador Musa Abraham Besaile Fayad, a quien la Corte Suprema acusó por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer y, por el cual se encuentra detenido en la cárcel La Picota. Y, así por el estilo las demás joyas de la corrupción colombiana que están por caer.

No obstante, y a pesar de la indignación como el repudio que estos criminales suscitan en la gente de bien, ¿quién decide que es relevante y qué no?
¿Qué pasaría, por ejemplo, si toma usted un año sabático para ‘encontrarse consigo mismo’ y, lo que descubre es mucho más relevante para usted como persona que lo que puedan pensar los demás de dicha travesía?

¿Qué si las victimas de un delito desean esconderse de los criminales, o si aquellas personas que están amenazadas quieren pasar desapercibidas? Y sí, también suponga usted que, infringe la ley por alguna razón (o le llaman a rendir indagatoria, incluido un eventual proceso por divorcio o cuota alimentaria), acaso, ¿significa esto que de por vida debe usted ser etiquetado como tal?

Comprendo que, todas estas son acciones que contribuyen a ilustrar lo que somos en la actualidad. Somos el producto de nuestras decisiones, de nuestro proceder, de las circunstancias y, por ello, debemos responder por los hechos del pasado.

Sin embargo, ¿será que se nos permite ser lo que queremos ser y, en vez de solo ser lo que somos, o estar en la posición en la que estamos?

A mí se me da que, el argumento de ‘interés público que esgrime Google es falso, por decir lo mínimo, considerando que su modelo de negocio es indexar información, servirla a sus usuarios, monitorear su proceder y luego vender a los anunciantes todo este entendimiento. Su interés radica en maximizar los recursos de sus motores de búsqueda.

La información y la gente que la utiliza, son la materia prima de la compañía, por lo que, con este proceder Google sencillamente estaría resguardando su acceso al combustible.

Ocultar, o sencillamente querer ignorar ciertos aspectos de nuestro pasado, puede significar nuestra pretensión de engañar a los demás, aunque la información en sí también podría resultar engañosa. La movilidad social se fundamenta en buena parte, en la habilidad para obtener nuevos empleos y asumir cargos diferentes, y no del todo por estar agradecidos con lo que alguna vez fuimos (o con aquello que los demás estimen fuimos alguna vez).

El concepto de ‘transparencia radical’ desbarata por completo todo este mecanismo que, en últimas, es lo que lo hace tan radical. De hecho, todos esos señalamientos que sugieren la propuesta como intrínsecamente buena son sencillamente tontos.

Lo que habrá de acontecer en los estrados judiciales debería ser un recordatorio en cuanto a que los derechos los confieren los estados soberanos, no las compañías tecnológicas y, que son los habitantes, no el consumidor, quienes tienen el derecho sobre qué es lo que quieren saber y qué es lo que quieren olvidar.

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